Los bajos precios de venta son, en este momento, la principal amenaza para la huerta de València y la agricultura valenciana. En los últimos años las administraciones valencianas han avanzado en la valoración pública y la protección territorial de la huerta como paisaje, pero esto no ha implicado una mejora en la situación laboral de labradoras y labradores ni del sector agrario. Además de la crisis crónica de cultivos como la cebolla y la patata, los precios de muchas cosechas son los mismos de hace décadas.
La defensa de la huerta no se puede entender sin la protección del campesinado. Tenemos que pagar precios justos por su trabajo y sus cosechas. Unos ingresos dignos y regulares serían la mejor garantía de relevo generacional y protección del territorio agrario, y alejaría la especulación inmobiliaria que se aprovecha de un contexto de crisis permanente. No se puede entender que, mientras se destruyen cultivos de cebollas o patatas porque los precios no llegan a cubrir costes, los lineales de los supermercados ofertan los mismos productos provenientes otros continentes.
La actual crisis climática y ambiental y la pandemia han hecho todavía más ineludible la apuesta por un abastecimiento alimentario basado en la producción de proximidad. Disponer de huertas productivas es una garantía de soberanía alimentaria, de que siempre dispondremos de frutas, verduras y hortalizas de temporada si sabemos cuidar de nuestro campesinado.
Por todo esto, los colectivos signatarios queremos manifestar:
- Las valencianas y valencianos tenemos que ser conscientes de nuestro papel como consumidores. Si volamos una huerta viva y un sector agrario digno, tenemos que cambiar nuestra manera de consumir, dando prioridad a criterios de compra socialmente responsables, como la compra de proximidad o ecológica, sobre otras como el precio. Tenemos que exigir responsabilidad a las administraciones y grandes superficies porque actúan con justicia.
- Frente a las políticas de precios bajos a expensas de la rentabilidad de labradoras y labradores valencianos, los supermercados y tiendas tendrían que apostar por los productos de proximidad y pagar precios justos. No es aceptable que los productores cobren menos del 20% del que paga el consumidor.
- Las administraciones tienen capacidad legal y responsabilidad para facilitar el acceso al consumo de proximidad, aprobar etiquetados identificativos y favorecer la venta directa: promoción de mercados municipales, venta a domicilio, mercados agroalimentarios y ferias de producto de temporada. Tienen que aplicar la Ley de l’Horta de València con una de sus medidas clave, la creación de la marca de producto de la huerta. Pueden promover la compra pública con criterios de sostenibilidad ambiental y social y vigilar la aplicación de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria. Finalmente, tienen en sus manos la vigilancia de las zonas de cultivo para evitar los robos y la mejora de infraestructuras agrarias.
El problema de los precios agrarios nos afecta a todas y todos. Si volamos una huerta viva y productiva, hay que cambiar hábitos y adoptar medidas para garantizarlo.
